
Germán M. Teruel Lozano
Es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Murcia.
Los indultos y las inmunidades del poder
Las razones jurídicas para conceder el perdón son intachables. Pero políticamente suponen un acto de fe y es inverosímil presentarlas como "decisión de Estado".
Fin del estado de alarma, ¿y ahora qué?
La crisis muestra la esclerosis de nuestro sistema parlamentario. El protagonismo judicial que estamos viendo es una de sus consecuencias nocivas.
Señores de internet: ¿hacia un renovado pacto social?
Tras la expulsión de Trump de las redes sociales, cabe preguntarse si Twitter o Facebook pueden crear una suerte de “derecho de admisión” . Y si, en ese caso, hay que imponerles obligaciones…
La sátira del torero “caído”
La sátira ha acompañado a nuestra civilización desde sus orígenes greco-romanos como una modalidad o género literario y, especialmente, como una forma de expresión que, a través de la…
Un estado de alarma líquido y un harakiri parlamentario
Se equivocan quienes identifican democracia con el desnudo ejercicio del voto; quienes creen que una homilía televisiva es una forma de rendir cuentas a la ciudadanía.
La partitocracia y la colonización del gobierno de los jueces
La reforma del CGPJ es un burdo intento de colocar a los peones propios con la mayoría que sostiene al gobierno sin ni siquiera hacer el paripé de repartir las cuotas y prestarse los votos.
Verdad y paparruchas digitales: ¿se puede prohibir la verificación de las noticias en Internet?
Lo que es inconstitucional de la propuesta de Vox es partir de una regla prohibitiva que impone una restricción desproporcionada a la libertad de los medios de comunicación y de las redes sociales.
Discursos extremos y libertad de expresión: amparar no es sacralizar
La libertad de expresión se enfrenta hoy a nuevos enemigos. Por un lado, están aquellos que, con la excusa de proteger la democracia, pretenden eliminar los discursos que no les gustan. Por…
El difícil juicio a un golpe posmoderno
La sentencia respeta los presupuestos constitucionales: la intervención penal del Estado estaba justificada y se han respetado las garantías y principios constitucionales.