El fraude electoral es el sello distintivo de Morena. Llegaron al poder en 2018 alegando que les hicieron fraude en 2006, pero cuando asumieron el gobierno fueron incapaces de organizar una Comisión de la Verdad, a pesar de que trabajaban para López Obrador el presidente del PAN en 2006 (Manuel Espino) y el abogado que defendió ante el IFE el triunfo de Felipe Calderón (Germán Martínez). De haber existido un fraude, con todos los elementos a la mano, hubiera sido fácil probarlo.

Lo cierto es que el fraude de 2006 lo inventó López Obrador para ocultar su derrota. Nunca pudo demostrarlo. Intentó comprobar un fraude cibernético que resultó una tontería. Adujó que Elba Esther Gordillo movilizó gobernadores del PRI para que votaran a favor de Calderón, pero en 2018 Peña Nieto (a cambio de impunidad) movilizó un número mayor de gobernadores del PRI para que votaran a favor del candidato de Morena. 

Durante el periodo presidencial de López Obrador, el único fraude electoral registrado ocurrió en las elecciones intermedias de 2021, en las que media docena de gobernadores de Morena llegaron al poder de la mano del crimen organizado. En Colima, Michoacán, Nayarit, Culiacán, Sonora y Baja California fueron secuestrados, un día antes de la elección, los principales operadores políticos de los candidatos de oposición (Héctor de Mauleón, “La elección del narco”, Nexos, Sep.22). 

Nunca sabremos a cuánto ascendió el multimillonario gasto en espectaculares y bardas de todo el país que se utilizó para posicionar a Claudia Sheinbaum meses antes de que comenzaran las campañas para la presidencia en 2024, en contraposición a lo que dicta la ley. Sus compañeros en la contienda denunciaron el fraude. Lo que sí sabemos es que López Obrador tuvo que violar en 54 ocasiones la Ley Electoral (calumniando a la candidata de oposición, elogiando a la candidata oficialista, desde los espacios de difusión oficiales) para imponer en la presidencia a Sheinbaum. En 2024 vivimos una elección de Estado. La deuda que López Obrador contrató para comprar la elección (con reparto masivo de efectivo en forma de “programas sociales”) fue varias veces superior a la deuda que dejó el Fobaproa. 

Ahora se aproxima un nuevo fraude. Para llevarlo a cabo, Morena logró obtener una ilegítima sobrerrepresentación de diputados, y en el Senado abiertamente sobornó a un par de legisladores de la oposición para obtener las mayorías necesarias para reformar la Constitución. Los diputados de Morena se apresuraron a legislar porque querían hacerle “un regalo al presidente”.

La reforma judicial fue un capricho de López Obrador. En 2021 se había llevado a cabo una ambiciosa reforma judicial, la más importante, dijo en ese momento el presidente, que se hubiera realizado en 30 años. Se depuró el Poder Judicial y se reformó para que pudiera atender a la población más vulnerable. De acuerdo al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Zaldívar, “la Corte es hoy [2021] un auténtico tribunal constitucional y en el Poder Judicial Federal tenemos por primera vez una auténtica carrera judicial”.

Tres años después, López Obrador, de la mano del ya ex ministro Zaldívar, descubrió que el Poder Judicial estaba podrido, terminó de tajo con la carrera judicial, echó a la calle a miles de jueces y propuso una nueva reforma judicial radical. En el centro de esta se encuentra la posibilidad de que la sociedad elija a sus jueces. Solo en Bolivia se ha hecho algo semejante, y con malos resultados. Asociaciones de juristas de todo el mundo, incluyendo por supuesto a la totalidad de los colegios de abogados de nuestro país, reprobaron la medida. Se organizaron foros abiertos. La mayor parte de los que intervinieron mostraron los inconvenientes de la elección judicial. Sus voces no fueron atendidas. La consulta fue una farsa. Se impuso la reforma diseñada y promovida por Zaldívar, que en estos días ha quedado en evidencia por utilizar facciosamente el poder de una televisora para amañar procesos judiciales en marcha.

Repasemos algunos de los puntos principales del fraude que viene:

1. Por primera vez en décadas, no serán los ciudadanos, sino los funcionarios del INE los que cuenten los votos.

2. No se darán los resultados el mismo día de la elección sino, por lo menos, diez días después.

3. Para una votación en la que se esperan pocos votantes, el número de los “observadores” registrados es inusualmente alto, mucho mayor que el de los registrados en la pasada elección presidencial. Se sospecha que la función de los “observadores” será la de pasar listas de números a los votantes para inclinar el voto a favor de los candidatos vinculados o simpatizantes del gobierno.

4. Las boletas serán muy confusas. Estarán en disputa 881 cargos. Los ciudadanos tendrán que escoger entre 3,422 candidatos.

5. Por primera vez, los ciudadanos no podrán votar por todos los puestos federales. Habrá candidatos que solo podrán ser votados en determinadas zonas electorales, por supuesto, zonas con alta votación histórica a favor de Morena.

6. Transgrediendo la ley, se permitió que los candidatos a jueces podían hacer campaña. Los hemos visto bailar y hacer el ridículo, pero sobre todo, los candidatos en sus promocionales tratan de hacer ver que están cerca del gobierno.

7. El proceso de selección y filtro de los candidatos, realizado por el Senado, de mayoría morenista, fue muy defectuoso. Se ha detectado un número significativo de candidatos relacionados con el crimen organizado.

8. De acuerdo con observadores del proceso, circulan ya listas de los candidatos por los que deben votar los beneficiarios de los programas sociales.  

Se aproxima el nuevo fraude electoral de Morena. En esta ocasión se quiere hacer pasar como ejercicio democrático lo que no es sino una farsa. Su objetivo es claro: supeditar el Poder Judicial al Ejecutivo. Con candidatos a modo y conteos amañados, el Poder Judicial perderá su independencia. El Ejecutivo ya no tendrá ningún obstáculo, podrá validar leyes injustas y arbitrarias. Los ciudadanos quedaremos a sus expensas. Si algún juez se atreve en el futuro a fallar en contra de sus designios, un tribunal de corrección se encargará de anular ese fallo y castigar al atrevido juez. Sin ese poder de contención se habrá liquidado la división de poderes y con ello la república democrática que hasta ahora conocimos.

Lo que sigue es incierto. El próximo fraude electoral operado por Morena, dictado por López Obrador y ejecutado por su operadora Claudia Sheinbaum, habrá casi concluido la demolición de la democracia mexicana. La siguiente etapa será la reforma electoral, para cerrarle institucionalmente el paso a cualquiera que no sea de Morena. Estaremos entonces ya instalados plenamente en la dictadura morenista. Sobre advertencia no hay engaño. ~